Arequipa: el sobrecosto de Majes II debe asumirlo íntegramente el gobierno central

La República.- José Luis Rodríguez, gerente del Gobierno Regional de Arequipa, habla sobre el aumento de presupuesto del proyecto agroexportador. El 24 de abril es la fecha puesta por las partes inversoras del proyecto Majes Siguas II para firmar la adenda 13 del contrato firmado con las empresas Cobra y Cosapi. Las optimizaciones costarán al Estado.

El congresista Horacio Zeballos ha criticado la firma de una nueva adenda para Majes II. Básicamente la firma de la adenda implica el cambio tecnológico del sistema de riego. Se lleva el agua a la cabecera de parcela, obviamente implica un sobrecosto. El tema de cómo solventar los gastos se está viendo con el MEF. Es el gobierno nacional quien tendría que asumir ese sobrecosto. Se verá la forma, probablemente con un endeudamiento adicional con la CAF.

Pero el endeudamiento lo paga el gobierno regional.

Hay parte que la paga el gobierno central. Lo que se está viendo es que ese sobrecosto pase al gobierno nacional.

Se critica la firma de tantas adendas, incrementando el costo del proyecto.

El cambio tecnológico está establecido dentro del TUO del contrato. Tanto las optimizaciones como el cambio tecnológico es una posibilidad establecida en el contrato. Las optimizaciones no representan un costo extra.

Además del cambio de riego, se aprobaron optimizaciones en la represa Angostura y los túneles de derivación. ¿Quién va a cubrir esa inversión extra de US$ 85 millones, que de todas maneras se tiene que hacer?

Reitero, lo que es optimización no implica ningún costo adicional al Estado.

¿La inversión extra en las obras de la represa y túneles de derivación sería asumida por el consorcio entonces?

En la adenda que se va a suscribir ahora se van a ver todos esos aspectos, porque está participando directamente el MEF.

La inversión aprobada del proyecto es US$ 612 millones. Según ustedes, los costos de las optimizaciones en la represa y túneles serán asumidos por la empresa, pero el contrato establece que sean financiados por el Estado. ¿Cómo se está resolviendo este tema?

Hasta el momento no hay modificación del monto original. Lo único que va a llevar incremento del monto establecido es los US$ 100 millones del cambio tecnológico al sistema de riego.

Porque en cuanto a las obras de la segunda fase, se aprobó alargar la derivación Lluclla Siguas y ese también es un costo adicional.

Pero como optimización.

Entonces el proyecto más o menos en inversión ya está pasando los US$ 800 millones, sumando los US$ 612 millones aprobados más lo que falta de la zona de riego.

Pero es como optimización.

Claro, eso como inversión. Aún no se sabe quién va a pagar.

Pero ojo que como inversión de proyecto, al margen de que el privado invierta adicionalmente, estamos hablando de un monto actual de US$ 550 millones. Lo único que va a incrementar formalmente es esta nueva adenda para el cambio tecnológico.

Pero, ¿quién va a asumir esta inversión adicional en la represa y los túneles de derivación?

La empresa.

A la empresa se le paga un Retorno por Inversión (RPI), ¿se estaría incrementando el monto retribuido por realizar esta inversión extra?

Eso se va a ver en el tema de la adenda. Pero en principio lo único que se tiene establecido son los US$ 100 millones de incremento del costo del proyecto.

El Estado podría asumirlo aumentando los retornos por inversión o incrementando el presupuesto del cofinanciamiento.

Ese aspecto se va ver con el MEF ahora. El costo adicional podría no necesariamente hacerse con endeudamiento, podría ampliarse el plazo de concesión como alternativa.

Otro punto cuestionable sobre el incremento del presupuesto es que encarece el precio de la tierra y agua del proyecto.

No hay que olvidar que la venta de tierras va a ser por subasta pública. Hay un precio base.

Si no se venden las tierras, igual el Estado debe pagarle al consorcio…

Pero estamos hablando de un costo de tierra en este momento de US$ 4 mil 500. Al costo que se vendieron las tierras en la etapa I, es un costo menor.

Ahora queda por ver las optimizaciones que ya han sido aprobadas que pueden ser a través del retorno de inversión, incremento del presupuesto o dando más años de concesión.

Eso es cierto. Es algo que se tiene que oficializar en papeles, no te puedo señalar que hay un costo distinto cuando no hay firmado absolutamente nada. Lo único vigente son los US$ 550 millones y lo que se avanzó del cambio tecnológico.

También hay la teoría de que el consorcio busca el arbitraje y se dan las condiciones, como el hecho de que el GRA no entregue aún todos los terrenos para iniciar la obra.

En la entrega de terrenos ya están con las tasaciones respectivas. Lo que falta son algunos temas de saneamiento y se va a entregar a la fecha.

¿Por qué al consorcio no se le ha penalizado por incumplir el cierre financiero y pedir constantes ampliaciones de plazo para presentar expedientes?

Esos aspectos se tienen que ver directamente con el gerente de Autodema, yo no tengo información al detalle.

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