El gran reto que enfrenta la minería

Entre los años 2000 y 2018, el stock de inversión extranjera directa en el sector minería se incrementó de US$ 1697.97 millones a US$ 5711.44 millones, y se estima que, en el año 2019, la minería crecerá 3%, según el “Informe de actualización de proyecciones macroeconómicas 2019-2022” presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas.

La actividad minera viene acompañada de debates acerca de su impacto social y medioambiental, y del papel que corresponde a las empresas mineras en la promoción del desarrollo local y nacional. El sector sigue enfrentando desafíos, como el manejo del territorio, el reasentamiento de poblaciones desplazadas, el cuidado de áreas de influencia, la inclusión y participación de comunidades locales, y la resolución de conflictos.

La principal causa de los retrasos en proyectos mineros se asocia con conflictos sociales. Un caso que sigue vigente y que empezó en marzo de 2004 es el conflicto social entre la comunidad de Fuerabamba y la empresa MMG, a cargo del proyecto Las Bambas. La comunidad exige el pago del paso de servidumbre en su terreno, reclaman que se haya declarado como vía nacional una carretera de carácter comunal y argumentan que el paso diario de unos 300 camiones genera contaminación ambiental. Luego de 15 años, el conflicto aún no llega a su fin. En febrero de 2019, los comuneros bloquearon el tránsito de los vehículos de la minera, situación que se extendió hasta fines de abril, a pesar del desbloqueo del tránsito los comuneros aún siguen participando en asambleas periódicas para decidir si realizan nuevos bloqueos de no ser cumplidas sus exigencias. Asimismo, el 5 de junio de 2019, dirigentes de la comunidad de Cotabambas, Huanquiri, Purmamarca y Cahuapirga (comunidades aledañas a Las Bambas) exigieron el cumplimiento de acuerdos suscritos pactados con anterioridad e indemnizaciones por el impacto ambiental que las operaciones de la mina han generado. De no ser solucionado el conflicto, según declaraciones de Julio Velarde el pasado 28 de marzo, la economía se vería comprometida pues el proyecto representaría alrededor del 1% del PBI.

Pese a la existencia de una mayor legislación y mecanismos de fiscalización sobre el sector, y esfuerzos de empresas para operar sobre estándares sociales y ambientales, y de establecer mecanismos en la gestión de potenciales conflictos sociales, las desavenencias entre comunidades y empresas mineras siguen siendo frecuentes.

Queda claro que los conflictos relacionados al sector minería, al ser la principal actividad económica del país, podrían ralentizar el crecimiento económico. A principios de año, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) anunció que seis proyectos mineros iniciarían sus fases de construcción en el 2019, con una inversión total de US$ 3,442 millones: Optimización Lagunas Norte (US$ 640 millones), Integración Coroccohuayco (US$ 590 millones), Tía María (US$ 1.400 millones), Ampliación Santa María (US$ 110 millones), Ampliación Pachapaqui (US$ 117 millones) y Corani (US$ 585 millones). Hacia el segundo semestre del año, tres de estos proyectos presentan dificultades: Optimización Lagunas Norte, a cargo de Barrick Gold, fue suspendido por decisión propia; Integración Coroccohuayco (Espinar, Cusco), a cargo de Glencore, enfrenta una demanda de amparo por parte de dos comunidades para exigir un proceso de consulta previa; y Tía María (Arequipa) podría no salir ante la desaprobación del gobernador regional y parte de la población.